El Consejo da Ministros aprobó hoy(12/06/2009) una partida extraordinaria de unos 16.900 millones de euros para poder hacer frente a los pagos derivados de las prestaciones por desempleo. Así lo comunicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De la Vega añadió que el Gobierno seguirá poniendo los medios necesarios para apoyar a quienes más pueden sufrir los egectos de la crisis.
"Es un compromiso que se expresa, una vez más, en el importante decreto ley al que también hemos dado luz verde, por el que se conceden créditos extraordinarios por más de 19.600 millones de euros y se modifican distintos preceptos de la ley de impuestos especiales", señaló la vicepresidenta.
Fernández de la Vega reiteró que la principal preocupación del Gobierno es combatir el desempleo, por lo que el 86% de estos 19.751,11 millones de euros (lo que supone 16.898,05 millones) se destina a los Servicios Públicos de Empleo para atender los gastos de las prestaciones.
Explicó que también las comunidades autónomas de régimen común recibirán un anticipo a cuenta de 1.800 millones de euros en compensación por la supresión del impuesto del Patrimonio.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, dijo durante su intervención que el importe de las medidas aprobadas hoy, cuya mayor parte es para las prestaciones por desempleo, suponen casi un 2 por ciento del PIB.
Del resto de créditos extraordinarios, el Ministerio de Educación recibirá 155,32 millones de euros para conceder ayudas económicas a la formación de licenciados españoles desempleados y para la inversión de ordenadores en la educación primaria.
El Ministerio de Sanidad y Política Social, por su parte, recibirá 400 millones para financiar el nivel mínimo de protección garantizado por la Ley de Dependencia.
Interior dispondrá, según este decreto ley, de 297,74 millones para los gastos adicionales derivados de la implantación del DNI electrónico y otros, especialmente en Instituciones Penitenciarias como consecuencia de la entrada en funcionamiento de nuevos centros. Asimismo, Fomento recibirá 200 millones de euros para desarrollar actuaciones urgentes en carreteras y estaciones de ferrocarril, 70,17 millones para poner en marcha el Plan Vive Autobuses entre 2009 y 2010.
ENCUESTA CIS
Fernández de la Vega, ha recalcado que la reducción del número de parados es la "principal ocupación" y la "prioridad" del Ejecutivo, y ha mostrado su convicción de que "poco a poco" se irá "superando” la actual situación.
Fernández de la Vega se ha referido así al último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de mayo y que indica que el paro es la primera preocupación para el 77,3 por ciento de los españoles.
La vicepresidenta ha recalcado que el paro siempre ha estado entre las preocupaciones de los españoles y ha añadido que, a finales de los años 1997 y 1998, la preocupación de los españoles por el número de desempleados "era mayor".
Fernández de la Vega ha insistido en que la "prioridad" del Gobierno es reducir el desempleo, y ha agregado que, con este fin, el Ejecutivo está actuando con "rigor", "esfuerzo" y "con todas las medidas" a su alcance.
Asimismo, se ha mostrado convencida de que, gracias a esas medidas y "poco a poco", España irá "superando la situación".
PREVISIONES ECONÓMICAS
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, dijo que no se alcanzarán "ni de lejos" los cinco millones de parados en España. Así lo manifestó Salgado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en referencia a la nueva previsión del Gobierno según la cual el empleo caerá este año el 5,9% con una tasa media de paro del 17,9%, y el año que viene dicha tasa llegará al 18,9% de la población activa.
Según las cifras del cuadro macroeconómico presentado Salgado dijo que "en absoluto" se llegará a esa cifra, ya que, explicó, cinco millones de parados serían el producto de 25 millones de población activa con una tasa de paro del 20 por ciento.
"Ni están los 25 millones, ni el 20 por ciento, por tanto no vamos a llegar a los 5 millones ni de lejos con las cifras planteadas", afirmó.
La vicepresidenta insistió: "Es importante decirlo: no hay nada en estas cifras que nos acerque a los cinco millones", y subrayó que el Gobierno hará "todo lo posible" para que las cifras incluso mejoren con respecto a la previsión.
Según la nueva previsión del Gobierno, hasta 2011 no volverá a crearse empleo, con un leve avance del 0,5%, en tanto que la tasa de paro seguirá siendo elevada en 2011, del 18,4%, y en 2012 descenderá ligeramente hasta el 17,1% de la población activa.
En cuanto a la Seguridad Social, se estima un saldo positivo del 0,2% dEl PIB en 2010, del 0,3% en 2011 y del 0,5% en 2012.
Preguntada al respecto, Salgado consideró un "éxito" que la Seguridad Social tenga superávit, "aunque sea pequeño", porque un 0,4 por ciento supone muchos millones de euros.
LEY OMNIBUS
Salgado también se refirió a la aprobación de la Ley Ómnibus, que beneficiará particularmente a pymes y a autónomos, para quienes los costes de inicio de actividad y las cargas administrativas que soportan son proporcionalmente mayores.
El proyecto de ley aprobado por el Gobierno para su remisión a las Cortes modifica 47 leyes estatales y entre los cambios más importantes previstos se sustituye la figura de la autorización previa que rige el acceso en numerosas actividades por meras comunicaciones de inicio de la actividad o declaraciones responsables por parte del prestador a la Administración.
Por otro lado, se eliminan requisitos y otros obstáculos que restringen de forma innecesaria o desproporcionada la puesta en marcha de actividades e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores y la creación de empleo.
En el proyecto aprobado destaca la reforma de la Ley que regula los Colegios Profesionales. Este colectivo agrupa alrededor de un millón de profesionales, que suponen un 6,1% del empleo total y el 30% del empleo universitario. Las profesiones colegiadas suponen un 8,8% del PIB.
Entre las mejoras que se introducen destaca la eliminación de restricciones injustificadas a la publicidad de los servicios profesionales y también se eliminan las restricciones impuestas por los Colegios al ejercicio conjunto de dos o más profesiones y se suprimen trámites habituales como la obligación de comunicar el ejercicio fuera del territorio del Colegio de inscripción.
De la misma forma se suprime la función de los Colegios de fijar baremos orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación sobre precios, que vienen restringiendo de forma injustificada y habitual la competencia en precios que tanto beneficia al consumidor, si bien se admite la colaboración con la Administración de Justicia a efectos de la tasación de costas.
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